EE.UU-. ( AGENCIALAVOZ.COM ) El gobierno del presidente Barack Obama ha decidido ampliar un programa que implementó George Bush para verificar el estatus inmigratorio de prácticamente todas las personas detenidas en cárceles locales. En cuatro años, la medida podría hacer aumentar en diez veces la deportación de indocumentados condenados por delitos, según funcionarios federales actuales y pasados.
Al comparar las huellas dactilares de los presos con bases de datos federales de inmigración, las autoridades esperan identificar a inmigrantes deportables antes que sean liberados. Ya se investiga a los reos en las prisiones estatales y federales, pero por lo general las autoridades carecen del tiempo y el personal para hacerlo en las cárceles locales, donde puede haber casi el doble de indocumentados y las que los detenidos entran y salen con más rapidez.
Es probable que la medida modifique significativamente el cumplimiento de las leyes de inmigración, según funcionarios ambos gobiernos, y ocurre en momentos en que el gobierno de Obama y los líderes demócratas del Congreso han prometido poner coto a los inmigrantes delincuentes, más que a los indocumentados que no cometen delitos.
Janet Napolitano, secretaria del Departamento de Seguridad Territorial (DHS), "ha puesto muy en claro'' que su prioridad es deportar a los ilegales delincuentes, dijo David J. Venturella, director del programa en la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE).
"Nos proponemos implementar este programa seriamente y creemos que es necesario hacer un esfuerzo enorme para conseguirlo'', dijo el representante David E. Price, demócrata por Carolina del Norte y presidente de la Subcomisión de Seguridad Interna de la Comisión de Asignaciones de la Cámara, quien ha liderado las exhortaciones a deportar a los indocumentados delincuentes después que cumplan sus condenas.
La medida comenzó a implementarse en octubre como un programa piloto y ya opera en 48 condados de todo el país. Este año comparará las huellas dactilares de 1 millón de detenidos en cárceles locales. El programa ya funciona en Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Boston y Phoenix, según la ICE, y se ampliará a todas las cárceles locales para fines del 2012.
Según el programa, la verificación de estatus inmigratorio será automática: las huellas dactilares que se comparan con la base de antecedentes penales del FBI se compararán también con las bases de datos inmigración del DHS.
Sobre la base de los resultados del programa piloto hasta el momento, la entidad calcula que si todos los años se verifican las huellas de de los 14 millones de detenidos en las cárceles, se detectarían alrededor de 1.4 millones de "delincuentes extranjeros'', dijo Venturella. Eso significa alrededor de 10 veces los 117,000 indocumentados delincuentes que la ICE deportó el año pasado. En todo el país hay más de 3,100 cárceles locales, en comparación con unas 1,200 federales y estatales.
El programa, llamado Comunidades Seguras, "es una oportunidad histórica para transformar la labor de la Policía de Inmigración'', afirmó Julie Myers Wood, quien lanzó el programa el año pasado como jefa de la ICE en el gobierno de Bush.
En su propuesta de presupuesto para el 2010, el presidente Obama solicitó la semana pasada al Congreso $200 millones para el programa, un aumento de 30 por ciento, que significaría $1,100 millones para el 2013.
El programa pudiera ayudar a responder, por primera vez, una interrogante presente en los debates sobre política de inmigración: ¿qué parte de la población de inmigrantes ilegales ha cometido delitos no migratorios?
Pero incluso algunos partidarios del programa se muestran escépticos de si podrá implementarse sin dificultades y si habrá suficientes fondos. Un aumento de deportaciones, observó Stewart Baker, ex funcionario del DHS, exigiría más fiscales y jueces de inmigración, espacio para detenidos y otros recursos.
Venturella también reconoció que integrar las bases de datos federales, estatales y locales es complejo y que la jurisdicción local es diferente en todo el país. Algunos condados demorarán años en conectarse.
La funcionaria afirmó que la ICE dará prioridad a la deportación de los delincuentes más peligrosos, los que pongan en peligro la seguridad nacional o los condenados por delitos violentos. Sobre la base de los pronósticos iniciales, la entidad calcula que hay unos 100,000 ‘‘delincuentes de Nivel 1'' y que deportarlos costará $1,100 millones en cuatro años. Expulsar a todos los inmigrantes ilegales que cometan delitos costaría $3,000 millones, informó la ICE el año pasado.
Los críticos opinan que deportar a los peores delincuentes indocumentados no tiene el suficiente alcance porque no toma en cuenta los aproximadamente 11 millones de indocumentados que ya viven en el país ni evita la entrada de otros.
"Si el gobierno limita el cumplimiento de las leyes de inmigración sólo a los delincuentes más peligrosos, creará de hecho una amnistía para millones de indocumentados y estimulará la entrada de otros'', dijo el representante Lamar Smith, republicano por texas y principal miembro de su partido de la Comisión Judicial de la Cámara.
Smith dijo que el gobierno debe completar la construcción del muro fronterizo con México, hacer cumplir las leyes contra la contratación de indocumentados y deportar a los ilegales antes que cometan delitos.
Amnistía Internacional y grupos defensores de los inmigrantes advierten que el cambio podría conducir a un uso más generalizado de controles migratorios, así como la "criminalización'' de la inmigración ilegal.
Tom Barry, analista del Centro de Política Internacional, entidad sin fines de lucro con sede en Washington, dijo que la iniciativa podría ampliarse a los residentes legales nacidos en el extranjero que han cumplido condenas en el pasado pero que no fueron deportados en ese momento.
"Muchos inmigrantes legales van a caer en esta red, incluso por causa de infracciones menores como manejar en estado de embriaguez, lo que sea, y después de vivir aquí 10 o 20 años los van a deportar'', dijo Barry.
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